Historias de la R.B.E.

27 Ene

“Nosotros no tenemos nada que ver con la Comunidad de Madrid”.

Detrás de ese sujeto, del nosotros, está el Ministerio de Vivienda del Gobierno de España, cuya gestión principal es regular el acceso de los ciudadanos a este preciado bien. Tan preciado que merece un Ministerio a ojos del presidente Zapatero, que revalidó su cargo en 2008 en parte por el voto de los menores de 30 años, beneficiarios de la ayuda de 210 euros mensuales por el alquiler de una vivienda.  De ahí la Renta Básica de Emancipación o, en sus siglas, R.B.E.

Toda promesa (toda ley) necesita de un marco normativo para su correcto desarrollo. Al igual que ocurre con la Ley de Dependencia, por ir a otro caso donde se concentran numerosos casos de malestar ciudadano, la R.B.E. necesita de la coordinación de diferentes instancias, públicas y privadas. En mi caso, he sufrido también con la R.B.E. el lado negativo de la descentralización del Estado: como la administración no cruza la información, me ha tocado entregar la misma documentación así me la pidiera la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid (donde resido), el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda (a propósito de la Declaración de la Renta), el Instituto de la Vivienda de Madrid (por la fianza del piso) o el banco donde tengo domiciliado el pago mensual del alquiler.

Así se explica, en parte, el malestar ciudadano por la R.B.E. que, no nos confundamos, es una ayuda por iniciativa del Gobierno ZP; es decir, no se trata de un derecho histórico, ni siquiera vitalicio. Ahora bien, esto no quiere decir que, una vez anunciado y, por ello, puesto en marcha, el ciudadano tenga que sufrir la pésima gestión administrativa de este o de cualquier otro tipo de apoyo.

Yo soy un afortunado, no obstante. Desde noviembre de 2008 tengo aprobada la R.B.E., que vengo recibiendo regularmente mes a mes, a pesar de alguna que otra notificación digamos rocambolesca. ¡Bah!, no tiene importantancia si me comparo con una ciudadana con la que coincidí a mediados de enero en la ventanilla de atención al ciudadano del Ministerio de Vivienda.

Explicó su caso allí, de pie y en voz alta:

La joven es estudiante. Tenía alquilidado un piso en Madrid, y echó los papeles de la R.B.E. en 2008. Le llegó una carta: su solicitud estaba aprobada. Los meses pasaron a la espera de que se aceleraran los trámites burocráticos, sin éxito. Nunca recibió ni 210 ni un euro a cuenta de la R.B.E. Así que abandonó el piso que había alquilidado, pues no podía pagarlo, y volvió a la casa de sus padres. No le llegaba con el sueldo raquítico como dependiente en una tienda. A principios de 2009, recibibió una notificación de Hacienda: no había justificado en su declaración de la renta de 2008 el montante correspondiente a la ayuda de la R.B.E. ¡Cosa del todo imposible! ¡No había recibido nada a pesar de que una carta de la Consejería de Vivienda de Madrid le había informado de que su solicitud había sido aprobada!

La joven se explica ante Hacienda, que le remite a la Consejería de Vivienda de Madrid, que le remite al Ministerio de Vivienda. Allí está la joven, al lado de mí, junto con su madre, indignadas ambas. Le han embargado su cuenta bancaria (“los cuatro euros que tengo ahorrados”, dice), así que ahora consta en la lista de morosos. Un asunto delicado ya que, por ejemplo, esto le impide tener un móvil o internet a su nombre.

La joven se derrumba cuando la funcionaria del Ministerio de Vivienda dice aquella frase: “Nosotros no tenemos nada que ver con la Comunidad de Madrid”. El resto de sufridos ciudadanos no lo podemos remediar, y alguien interviene en aquella conversación que, a estas alturas, cuenta con la solidaridad de la docena de personas que esperamos el turno. “¿Nosotros? ¿Pero esto qué es, nos hemos confundido de país y estamos pidiéndole cuentas al Gobierno de Finlandia?”

Cualquier ciudadano quisiera que para los asuntos económicos, al igual que con los de la salud, al menos te dejaran como estabas antes de la intervención. Seguir tirando, vamos.

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