¿Qué fue de la ‘ley Sinde’?

22 Dic

Asumo que no voy a aportar nada nuevo al asunto de marras. Pero, como de costumbre, escribo para obligarme a mí mismo a esforzarme, al menos para poner en claro algunas notas mentales. En este caso, además, escribo cuando el Congreso ha herido de muerte a la conocida como ley Sinde, norma que lleva por nombre el de la ministra de Cultura que, no está claro si por voluntarismo o ingenuidad, se ha erigido en máxima defensora de la disposición dentro de la Ley de Economía Sostenible que quería… ¿Qué quería? Me temo que nombrando la cosa comienzan a repartirse las cartas. Opciones: a) quería cerrar webs, b) quería acabar con la piratería, c) quería acabar con internet (la economía de enlaces, etc.), d) quería mantener los privilegios de cierta casta, e) quería limitar la libertad de expresión por medio de la censura, f) otras opciones.

La ministra González Sinde/Foto: elmundo.es

Viendo el proceso en su conjunto, lo que parece es que el Gobierno no quería convencer. Una vez más ha dado prueba de su pésima gestión. Primero, levantando lógicas sospechas al intentar colar la ley Sinde dentro de la llamada Ley de Economía Sostenible, ese totum revolutum que fue en su momento la panacea anunciada por Zapatero en el Congreso para que florecieran los brotes verdes y, de ahí, poner rumbo directo al infinito y más allá del crecimiento económico. Segundo, dejando pasar hasta nueve meses de tramitación, no exentos de los habituales vaivenes marca de la casa (se dijo que no habría mediación de un juez parar cerrar las webs, y luego que sí, que la Audiencia Nacional actuaría por imperativo de un órgano creado al amparo del Ministerio de Cultura), para finalmente, en las últimas horas, intentar pactar con PNV (no), CiU (no) e incluso PP (no está, no contesta, al menos hasta que al fin se alce con el mando).

La sociedad civil (por llamar de alguna forma a la participación en Twitter y el resto de redes sociales) ha dado una nueva demostración de que es capaz de criticar las formas y los modos de los políticos y, acto seguido, imitar lo peor de aquellos a los que previamente habían vituperado: prevalecen los discursos simplificados a una sucesión de eslóganes, los ataques ofensivos e insultantes a quienes no piensan como tú, la caricaturización del adversario, etc. En esa misma sociedad civil, también entre los contrarios a la ley Sinde, ha habido ciudadanos que no han renunciado a cierta racionalidad, caso de Juan Varela. A ellos me remito: ni los contrarios a esta norma son unos piratas defensores del gratis total y del expolio cultural, ni los partidarios de la misma son los salvaguardas de la creación cultural con una sensibilidad infinita para apreciar el esfuerzo artístico.

A pesar de que el debate suscitado por la ley Sinde podría ser un acicate para reivindicar la democracia, creo que la discusión ha sido secuestrada, una vez más, por dos posiciones que en el fondo no dejan de rebelar cierta pereza mental para ir al fondo de la cuestión. Con dos bandos:

De una parte, no es razonable que músicos, escritores y otros artistas de ámbitos como el cine reclamen una ley para castigar la piratería e incitar al consumo legal de sus productos a través de internet si, paralelamente, no reconocen que la industrial que debería comercializar aquello que merece ser pagado de acuerdo a unos derechos de autor no funciona. Paradójicamente, la industria que quiere reivindicarse como legal debería aprender de aquellas webs a las que señala como ilegales para imitarlas y perfeccionarlas. ¿A quién se le escapa que, en España, las series en DVD se distribuyen mal y tarde y las web de descargas de películas o las plataformas que distribuyen los libros para las aplicaciones electrónicas más bien parecen diseñadas para espantar al cliente, en primer lugar por su pésima oferta de contenidos y, en segundo, por otras cuestiones no menos importantes como los elevados precios?

De otra parte, no se puede incitar al desahogo del malestar social (por Zapatero que no se va, por la crisis que se queda, por el calentamiento global o por cosas igualmente serias) cargando contra los creadores de un bien cultural (“que trabajen como todos los españoles, basta ya de privilegios”), se llamen estos Álex de la Iglesia, Alejandro Sanz o Patito Feo. De esta forma, el indignado ciudadano reclama internet como el último reducto de la libertad, algo que jamás podría ser regulado si no se quiere desvirtuar o mutilar el bien más preciado que al hombre le ha sido dado. Con esta premisa, no hay ley que escape a la etiqueta de inquisitorial.

Quizás el acuerdo se alcance cuando las partes cedan en algo, desprendiéndose de las lamentaciones simplistas. Entendiendo unos que la libertad y los derechos no han sido inventados por internet. Entiendo otros que internet obliga a un esfuerzo para actualizar la propiedad intelectual.

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