Grandes voces

10 Nov

[Publicado en La RADIO de papel, noviembre]

Este intento de artículo, por desgracia, ya ha sido escrito. En el momento en el que escribo, en otras 43 ocasiones. Cada vez que fallece asesinada una mujer víctima de la violencia de género, como ocurrió este mes de septiembre en Lora, se mueven todos los cimientos morales de la sociedad. La injustificación del asesinato, además, nos puede hacer dudar de los avances establecidos para combatir éstos y otros crímenes de sangre desde donde se tienen que combatir, al amparo de las leyes que articulan el Estado de derecho. Algunas entusiastas reseñas sobre el último libro de Steven Pinker ponen en valor precisamente la notable y creciente intolerancia hacia la violencia contra los débiles. Claro que sigue existiendo el horror ligado a la agresividad hormonal masculina, pero este científico norteamericano ha demostrado que el escándalo que nos provoca no es indicio de que sea más frecuente ahora que antes, sino de que de un tiempo a esta parte somos muchos más sensibles a él. 

Sé, por ejemplo remitiéndome al editorial del mes pasado de este periódico, que cadena y perpetua son dos palabras que tienen mucho prestigio en la opinión pública. Contrariamente de lo que se sostiene, oponerse a la cadena perpetua no es una cuestión de progresismo ni de conservadurismo: es una cuestión de pura eficacia. También sé que para muchos carece de valor la dimensión pedagógica del régimen penitenciario presente en nuestra Constitución, a pesar de las numerosas y autorizadas voces, caso de Fernando Savater, que abogan por “reforzar y explicar el prestigio de la decencia cívica, que no se basa en la rabia, por humanamente compresible que sea, sino en la aplicación humanista de la justicia”. Todo esto lo sé, y por eso me remito a los hechos, a los datos oficiales, para exponer lo siguiente:  España tiene hoy uno de los Códigos Penales más severos, con mecanismos para el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas de 30 años, mientras que (y aquí está el dato que se suele desconocer) aquellos países democráticos que introducen en su legislación la cadena perpetua suelen rebajar la revisión de esas penas a los 15 años. Es decir, como sostiene Arcadi Espada, con la cadena perpetua (más aún la revisable) lo que se está promocionando es “un aflojamiento real del Código Penal español disfrazado por grandes voces”. Más datos: la tasa de criminalidad en España, que es uno de los miembros de la Unión Europea con un número más alto de presos por habitante, es menor que la de los países que acogen la cadena perpetua, diluyendo cualquier relación de causa y efecto entre la instauración de esta medida y la reducción del delito. No dudo de las buenas intenciones, aunque a veces pueden ser el camino más directo para desviarnos de lo importante: perfeccionar el mecanismo policial y judicial para eliminar los persistentes problemas en el cumplimiento de las medidas disuasorias de la violencia y en la protección de las mujeres o, en su defecto, en la ejecución de las penas. Se quiera o no ver, el camino es el que ha trazado España a través de la euroorden de protección de las maltratadas, venciendo la resistencia de algunos socios europeos que, presos de los folclorismos autóctonos, siguen viendo la violencia de género como un asunto privado.

Mirar para otro lado, como sabemos con otras lacras como el terrorismo, supone la mayor resistencia para su combate.

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